La Corte Suprema Ratifica la Ciudadanía por Nacimiento en Trump v. Barbara
Por Owen Thomas, Abogado de Inmigración
Este verano, la Corte Suprema dictaminó en Trump v. Barbara que los niños nacidos en territorio estadounidense de visitantes temporales e inmigrantes indocumentados son ciudadanos de los Estados Unidos.
El camino hacia esa decisión comenzó cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en 2025 instruyendo al Departamento de Estado a negar pasaportes a ciertos niños nacidos en Estados Unidos. Las familias afectadas impugnaron la orden en varios tribunales federales y el gobierno perdió consistentemente. Aunque la decisión previa de la Corte Suprema en Trump v. CASA eliminó las medidas cautelares de alcance nacional, un desarrollo que muchos abogados de inmigración consideran preocupante, ese fallo finalmente no anticipó un resultado contrario a los inmigrantes en Barbara.
La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda otorga la ciudadanía a "todas las personas nacidas" "en los Estados Unidos". Debido a que ese lenguaje es relativamente claro, la principal controversia en Barbara se centró en el significado de la frase "sujetas a la jurisdicción" de los Estados Unidos.
La mayoría adoptó una interpretación de jurisdicción que puede describirse mejor como el poder que tiene el gobierno sobre una persona. Basándose en United States v. Wong Kim Ark, la Corte reiteró las excepciones históricamente reconocidas: los diplomáticos extranjeros y sus familias, los indígenas estadounidenses antes de recibir la ciudadanía por ley y de su plena integración en los Estados Unidos, y las fuerzas militares invasoras. Debido a que el gobierno de los Estados Unidos carecía de autoridad legal completa sobre estos grupos, se consideró que estaban fuera de su jurisdicción para fines de ciudadanía por nacimiento.
El presidente de la Corte Suprema, Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unieron los jueces liberales de la Corte y la jueza Barrett. La jueza Jackson escribió una enérgica opinión concurrente. Cabe destacar que ambas opiniones utilizaron razonamientos textualistas y originalistas en lugar de argumentos políticos más amplios.
La opinión disidente del juez Alito habría adoptado una visión mucho más restrictiva. Sostuvo que la Decimocuarta Enmienda debería interpretarse de manera similar a la Ley de Derechos Civiles de 1866, la cual se refería a las personas "no sujetas a ninguna potencia extranjera". Bajo ese enfoque, la ciudadanía quedaría efectivamente limitada a quienes debieran lealtad exclusiva a los Estados Unidos.
Esa interpretación plantea importantes dificultades prácticas e históricas. Muchos estadounidenses poseen doble ciudadanía y están sujetos a obligaciones legales en más de un país. Por ejemplo, algunos ciudadanos con doble nacionalidad pueden tener responsabilidades tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Más importante aún, el enfoque de la disidencia entra en tensión con el propósito histórico de la Decimocuarta Enmienda. Muchas personas anteriormente esclavizadas mantuvieron vínculos teóricos o reales con reinos africanos, colonias o proyectos de reasentamiento que eventualmente contribuyeron a la creación de países como Liberia y Sierra Leona. Una interpretación que excluya a grandes grupos de las mismas personas que la Enmienda fue diseñada para proteger resulta difícil de reconciliar con un análisis originalista.
El juez Alito también dedicó partes sustanciales de su opinión disidente a preocupaciones relacionadas con la inmigración no autorizada, preocupaciones que parecían más objeciones de política pública que análisis constitucional.
Las opiniones disidentes separadas de los jueces Thomas y Gorsuch fueron menos amplias. Ellos habrían definido la jurisdicción en términos de domicilio, es decir, una residencia estable y establecida dentro de los Estados Unidos. Bajo ese criterio, muchos inmigrantes indocumentados de larga duración aún podrían transmitir la ciudadanía estadounidense a sus hijos nacidos en el país, mientras que los visitantes temporales no podrían hacerlo.
El juez Kavanaugh adoptó un enfoque diferente. Aunque sugirió que el Congreso podría potencialmente adoptar la interpretación propuesta por los disidentes, concluyó que el propio Congreso ya había incorporado los principios de Wong Kim Ark al derecho federal mediante legislación posterior.
La regla adoptada por la mayoría no solo es sólida desde el punto de vista constitucional, sino que también es mucho más fácil de administrar en la práctica. La ciudadanía no debería depender de cuestiones complejas, como si una persona posee sin saberlo una doble nacionalidad o si un padre ha establecido un domicilio suficientemente permanente. Tales criterios generarían confusión, incertidumbre y litigios.
Esa realidad práctica ayuda a explicar por qué la orden ejecutiva posterior emitida por el presidente Trump fue rápidamente bloqueada en una nueva demanda de CASA. La orden identifica varias categorías de personas cuyos hijos supuestamente quedarían excluidos de la ciudadanía por nacimiento. Algunas de esas categorías son compatibles con Barbara, mientras que otras no lo son.
La orden incluye a los diplomáticos extranjeros, pero adopta una definición tan amplia que podría abarcar a personas que en realidad no gozan de inmunidad ante las leyes estadounidenses, como empleados de apoyo que trabajan para misiones diplomáticas. También incluye a las fuerzas militares invasoras, una excepción históricamente reconocida, pero va más allá al abarcar a personas designadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, como presuntos miembros del Tren de Aragua. Muchas de esas personas están indiscutiblemente sujetas a procesamiento penal en los Estados Unidos, lo que dificulta conciliar su inclusión con el análisis jurisdiccional de la Corte.
La orden también apunta a los llamados "turistas de nacimiento". Sin embargo, a diferencia de los diplomáticos o los ejércitos invasores, existe poco en Barbara o en la comprensión histórica de la jurisdicción que respalde excluir a sus hijos de la ciudadanía. Esta categoría parece responder más a preocupaciones de política pública que a doctrina constitucional.
El Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Maryland no estuvo convencido por esos argumentos y bloqueó la aplicación de la orden. Por ahora, Barbara sigue siendo la interpretación vigente de la Cláusula de Ciudadanía: salvo unas pocas excepciones históricamente reconocidas, los niños nacidos en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses.